Internet suele parecernos algo ligero, casi invisible. Abrimos una aplicación, buscamos una dirección en Google Maps, mandamos un audio por WhatsApp, vemos un vídeo en TikTok o guardamos una foto en la nube... y todo ocurre en segundos. La experiencia es tan fluida que cuesta recordar que detrás hay una infraestructura enorme y muy material: cables submarinos, antenas, satélites, centros de datos, servidores, sistemas de refrigeración y redes eléctricas que sostienen cada gesto cotidiano.
Internet, en realidad, está en algún sitio. Ocupa suelo, consume energía, necesita mantenimiento y pertenece a alguien. Internet tiene cuerpo. Tiene costes. Tiene propietarios. Tiene reglas. Y, aunque durante décadas hemos hablado de la red como si fuera un espacio libre y sin dueño, cada vez resulta más difícil sostener esa imagen sin matices.
La pregunta no es solo técnica. No se trata únicamente de saber cómo viaja un mensaje desde nuestro móvil hasta otro dispositivo. La cuestión importante es política y social: ¿quién decide cómo funciona Internet? ¿Quién organiza lo que vemos? ¿Quién establece las normas de los espacios digitales en los que trabajamos, compramos, estudiamos, ligamos, discutimos, nos informamos o simplemente pasamos el rato?
Durante mucho tiempo, Internet se presentó como lo contrario del mundo físico: un lugar abierto, horizontal, descentralizado, menos sometido a jerarquías y más libre que las instituciones tradicionales. Esa idea no surgió de la nada. Tiene una historia cultural concreta, y para entenderla hay que viajar a California en los años sesenta y setenta.
En ese contexto convivieron el movimiento contracultural, las comunas hippies, la experimentación psicodélica, la poesía beat, el rechazo a la autoridad... y los primeros desarrollos informáticos que después alimentarían Silicon Valley. A veces contamos la historia de la tecnología como si hubiera nacido únicamente de laboratorios, ingenieros y grandes empresas ya asentadas, pero nació en los garajes de estas mismas personas del movimiento contracultural de Estados Unidos, con una imaginación política muy concreta: la idea de que las herramientas digitales podían ayudar a escapar de las viejas formas de control.
Para una parte de aquella generación, el ordenador personal no era solo una máquina, era una promesa de autonomía. Si las instituciones eran rígidas, si los Estados vigilaban, si las empresas y los medios concentraban el poder, quizá la tecnología podía abrir un espacio distinto. Un espacio donde cualquiera pudiera comunicarse, crear, aprender, organizarse y compartir información sin pedir permiso.
Su idea central era que la tecnología, y en particular Internet, debía desarrollarse con la menor intervención posible de los gobiernos. La red debía regularse a sí misma, mediante la innovación, la competencia, las comunidades técnicas y el mercado.
Cuando muchas de las comunas y proyectos alternativos fracasaron, el sueño no desapareció del todo. En cierto sentido, se trasladó. Del campo al garaje. De la vida comunitaria al ordenador personal. De la contracultura al emprendimiento tecnológico. De la idea de cambiar la sociedad desde fuera del sistema a la idea de transformarla mediante herramientas digitales.
Esa mezcla produjo una visión muy influyente: Internet como una nueva frontera. Un espacio sin grandes autoridades, sin centros claros de poder, sin fronteras nacionales y sin las limitaciones del mundo físico. Un lugar donde el individuo podía recuperar parte de su autonomía frente al Estado, las instituciones y los intermediarios tradicionales.
De ese imaginario surgió una corriente política especialmente importante para entender la cultura digital: el tecnolibertarismo.
Su idea central era que la tecnología, y en particular Internet, debía desarrollarse con la menor intervención posible de los gobiernos. La red debía regularse a sí misma, mediante la innovación, la competencia, las comunidades técnicas y el mercado.
Uno de los textos más famosos de esa visión es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, publicada por John Perry Barlow en 1996. En ella, Barlow se dirigía a los gobiernos del mundo industrial para decirles que no eran bienvenidos en el ciberespacio y que no tenían soberanía sobre ese nuevo territorio digital. El texto tenía fuerza, épica y una intuición poderosa: Internet no debía limitarse a reproducir las estructuras de poder del mundo offline.
En 1996, esa declaración podía sonar liberadora. La red todavía parecía un territorio abierto, experimental, lleno de foros, páginas personales, comunidades de afinidad, proyectos colaborativos... posibilidades difíciles de imaginar desde los medios tradicionales. Para muchas personas, internet permitió encontrar información, relaciones y espacios de expresión que no existían en su entorno inmediato.
Pero vista desde hoy, aquella promesa plantea una pregunta incómoda. Si los Estados no deben intervenir en Internet, ¿quién establece las reglas? Si el ciberespacio es independiente, ¿quién protege a las personas cuando algo va mal? ¿Quién responde cuando una plataforma amplifica discursos de odio, cuando un algoritmo discrimina, cuando una empresa bloquea una cuenta sin explicación o cuando los datos personales se usan de formas que nadie entiende del todo?
La respuesta tecnolibertaria tendió a confiar en el mercado, la competencia y la autorregulación. La idea era que, si una empresa abusaba, aparecería otra mejor; si una plataforma no funcionaba, los usuarios se irían; si una comunidad quería otras normas, podría construir su propio espacio. Durante un tiempo, esa visión pareció razonable porque Internet todavía era más pequeño, más abierto y menos imprescindible para la vida diaria.
El problema es que la evolución real de Internet no produjo simplemente una red distribuida de pequeños actores compitiendo en igualdad de condiciones. Produjo también una concentración enorme de poder en torno a unas pocas compañías. Google, Meta, Amazon, Apple y Microsoft no son “Internet”, pero ocupan posiciones centrales en muchas de sus capas: buscadores, redes sociales, sistemas operativos, tiendas de aplicaciones, publicidad digital, servicios en la nube, herramientas de trabajo, comercio electrónico, inteligencia artificial e infraestructuras de datos.
Para entenderlo no hace falta pensar en grandes abstracciones. Basta con mirar un día normal. Nos despertamos con la alarma de un móvil Android o iPhone. Consultamos el correo en Gmail o Outlook. Buscamos una ruta en Google Maps. Leemos noticias que nos llegan por redes sociales. Trabajamos en documentos alojados en servidores de Microsoft, Google o Amazon. Compramos algo en una plataforma. Vemos un vídeo en YouTube, Netflix o TikTok. Hablamos con amigos o familiares por WhatsApp o Instagram. Guardamos fotos en la nube. Aceptamos cookies, aunque nadie nos viene a dar galletas en ningún momento. Cerramos el día habiendo dejado cientos de pequeñas señales sobre lo que hacemos, dónde estamos, qué nos interesa y con quién nos relacionamos.
Cada una de esas acciones parece individual y sin importancia. Pero, acumuladas, forman un mapa detalladísimo de nuestra vida cotidiana. Y ese mapa tiene valor económico.
Ahí entra una de las grandes transformaciones de Internet: el paso de la promesa de comunicación libre a una economía basada en la extracción y explotación de datos. Shoshana Zuboff llamó a este modelo “capitalismo de la vigilancia”.
La expresión puede sonar intensa, pero describe algo bastante cotidiano: muchas plataformas funcionan capturando información sobre nuestro comportamiento para predecirlo, modificarlo o monetizarlo.
Cuando buscamos una lavadora en internet y luego nos persiguen anuncios de lavadoras durante días, vemos la versión más simple de ese modelo. Pero el sistema va mucho más allá de la publicidad evidente. Las plataformas registran qué miramos, cuánto tiempo nos detenemos, qué saltamos, qué compartimos, dónde hacemos clic, a qué hora nos conectamos, desde dónde, con qué dispositivo, qué compramos, qué nos preocupa y qué temas nos hacen reaccionar.
No hace falta imaginar que el móvil escucha todas nuestras conversaciones para entender el problema. A veces las plataformas no necesitan escucharnos literalmente: les basta con observar patrones. Si alguien busca información sobre insomnio todas las noches, si ve vídeos sobre ansiedad, si deja de visitar ciertos lugares, si cambia sus rutinas, si se detiene en contenidos concretos o si empieza a interactuar con determinados perfiles, todo eso puede ser interpretado, clasificado y convertido en predicción.
La cuestión no es solo que se recopilen datos. El verdadero problema es la asimetría. Las plataformas saben mucho sobre nosotros, pero nosotros sabemos muy poco sobre ellas. No sabemos exactamente cómo nos clasifican, qué inferencias hacen, qué categorías nos asignan, qué oportunidades nos muestran o nos ocultan, ni por qué vemos unos contenidos y no otros.
Esto afecta a cuestiones muy prácticas. Una red social decide qué publicaciones aparecen primero y cuáles se hunden. Una plataforma de reparto puede determinar qué trabajador recibe más pedidos. Una aplicación de transporte puede modificar precios según la demanda, la zona o el momento. Una web de empleo puede filtrar currículums antes de que los vea una persona. Un sistema financiero puede evaluar riesgos a partir de datos que el solicitante no conoce. Una aseguradora puede ajustar precios según patrones de comportamiento. Una tienda online puede mostrar ofertas distintas a usuarios distintos.
A menudo se dice que estas decisiones son automáticas, como si eso las hiciera neutrales. Pero que una decisión la tome un sistema automatizado no significa que sea justa. Un algoritmo puede reproducir desigualdades anteriores, amplificar sesgos o tomar decisiones difíciles de impugnar precisamente porque nadie puede explicar con claridad cómo se han producido.
Pensemos en una empresa que utiliza un sistema automatizado para seleccionar candidatos. Si ese sistema aprende de datos históricos de una compañía que durante años contrató sobre todo a hombres para puestos técnicos, puede acabar favoreciendo perfiles parecidos a los que ya fueron seleccionados en el pasado. Nadie tiene que programar explícitamente una orden discriminatoria. Basta con alimentar el sistema con datos sesgados y pedirle que optimice resultados.
A menudo se dice que estas decisiones son automáticas, como si eso las hiciera neutrales. Pero que una decisión la tome un sistema automatizado no significa que sea justa.
Algo parecido ocurre con los contenidos que vemos en redes sociales. El algoritmo no solo nos muestra “lo que nos gusta”; también aprende qué nos retiene más tiempo. Y muchas veces lo que más retiene no es lo más importante, lo más verdadero o lo más saludable, sino lo más emocional, polémico, indignante o adictivo. Por eso una discusión absurda puede ocupar más espacio que una noticia relevante, o un vídeo conspirativo puede encontrar rápidamente una audiencia si genera suficiente reacción.
Esta lógica también afecta a los creadores de contenido, periodistas, pequeños comercios y trabajadores autónomos. Una tienda local puede depender de aparecer bien posicionada en Google. Un restaurante puede ver afectada su reputación por reseñas que no siempre sabe cómo gestionar. Una ilustradora puede necesitar Instagram para conseguir encargos. Un medio pequeño puede depender de los cambios de algoritmo de una red social para recibir visitas. Un conductor o repartidor puede organizar su jornada en función de una aplicación que no le explica del todo cómo asigna los pedidos.
Para todas esas personas, internet no es un mundo aparte. Es parte de su trabajo, de sus ingresos y de su visibilidad pública. Cuando una plataforma cambia sus normas, modifica su algoritmo o bloquea una cuenta, las consecuencias pueden ser muy concretas: menos ventas, menos encargos, menos audiencia, menos oportunidades.
Por eso la pregunta sobre los “dueños de Internet” no debe entenderse solo como una pregunta sobre propiedad legal. No se trata únicamente de quién posee los cables, los servidores o las acciones de una compañía. También se trata de quién tiene capacidad para ordenar la atención, establecer normas, definir estándares, imponer condiciones y decidir qué formas de participación son posibles.
Una plataforma puede parecer un simple intermediario. Dice que conecta personas, organiza información, facilita servicios o mejora la experiencia del usuario. Pero cuando esa plataforma se vuelve imprescindible para acceder al trabajo, la educación, la información, la conversación pública o el comercio, deja de ser solo una empresa que ofrece un servicio. Empieza a parecerse a una infraestructura social.
Y las infraestructuras sociales requieren otro tipo de preguntas. No preguntamos únicamente si una carretera es rentable, sino quién puede usarla, quién la mantiene, qué territorios conecta y cuáles deja fuera. No preguntamos solo si una escuela es eficiente, sino qué oportunidades ofrece y a quién. Con Internet debería ocurrir algo parecido. Si una parte fundamental de la vida pública pasa por espacios digitales privados, necesitamos discutir cómo se gobiernan esos espacios.
Esto no significa idealizar al Estado ni pensar que toda regulación es automáticamente buena. Los gobiernos también pueden vigilar, censurar, controlar o usar la tecnología de formas autoritarias. La historia de internet incluye razones legítimas para desconfiar del poder estatal. Pero la alternativa no puede ser entregar la organización de la vida digital únicamente al mercado. La pregunta no debería ser Estado o empresas, sino qué combinaciones de regulación democrática, supervisión pública, derechos ciudadanos, comunidades técnicas y responsabilidad empresarial permiten construir una red más justa.
En Europa, por ejemplo, los debates sobre protección de datos, inteligencia artificial, mercados digitales o moderación de contenidos intentan responder, con mayor o menor acierto, a esta tensión. No son debates sencillos porque afectan a derechos que a veces chocan entre sí: libertad de expresión, privacidad, seguridad, innovación, competencia, acceso a la información y protección frente a daños. Pero precisamente por eso no pueden quedar escondidos en condiciones de uso que nadie lee o en decisiones internas de compañías que afectan a millones de personas.
También hay una dimensión de desigualdad que conviene no perder de vista. Hablar de Internet como si todo el mundo lo viviera igual es engañoso. No es lo mismo conectarse con un buen ordenador, fibra óptica y tiempo para aprender, que hacerlo desde un móvil compartido, con datos limitados o sin competencias digitales suficientes. La brecha digital no consiste solo en tener o no tener conexión. También tiene que ver con la calidad del acceso, la educación tecnológica, la privacidad, la dependencia de ciertas plataformas y la capacidad de comprender los riesgos.
La digitalización no elimina las desigualdades previas; a veces las reorganiza y las vuelve menos visibles. Por eso quizá se nos queda pequeña la palabra “usuario”. Un usuario acepta términos y condiciones, configura una cuenta, consume un servicio y, en teoría, puede marcharse si no le gusta. Pero esa descripción no encaja del todo con la realidad actual. Cuando los espacios digitales organizan oportunidades, derechos, relaciones y formas de participación, no somos solo usuarios. También somos ciudadanos digitales. Y la ciudadanía implica poder hacer preguntas sobre las reglas del espacio común.
No se trata de rechazar Internet ni de caer en nostalgia por un mundo desconectado que, para la mayoría, ya no existe. Internet ha abierto posibilidades enormes: acceso al conocimiento, redes de apoyo, creación cultural, organización social, teletrabajo, educación, comunicación y colaboración. La cuestión no es si la tecnología es buena o mala en abstracto. La cuestión es quién la diseña, bajo qué incentivos, con qué límites y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
No podemos pedirle a cada persona que compense individualmente sistemas diseñados para captar su atención, extraer datos y maximizar beneficios. Igual que no resolvemos la contaminación diciendo únicamente a los ciudadanos que reciclen más, tampoco resolveremos los problemas de Internet diciéndoles solo que “usen mejor” las plataformas. Hace falta una conversación colectiva sobre qué esperamos de la tecnología. Qué datos pueden recopilarse y cuáles no. Qué decisiones automatizadas deberían poder explicarse. Qué derechos tenemos cuando una plataforma bloquea una cuenta. Qué obligaciones deben asumir las empresas que gestionan infraestructuras digitales esenciales. Qué papel deben tener las instituciones públicas. Cómo se auditan los algoritmos. Cómo se protege a menores. Cómo se garantiza la competencia. Cómo se evita que la comodidad se convierta en dependencia.
La próxima vez que una aplicación nos recomiende un vídeo, que un anuncio parezca adivinar lo que pensábamos comprar o que aceptemos unas condiciones sin leerlas, quizá no hace falta entrar en pánico ni tirar el móvil por la ventana. Basta con recordar que detrás de cada interfaz sencilla hay decisiones complejas. Alguien decidió qué medir, qué optimizar, qué mostrar, qué esconder, qué permitir y qué convertir en negocio. Internet es ya una parte del mundo en que vivimos. Y si organiza una parte creciente de nuestra vida social, laboral, cultural y política, entonces no basta con usarlo. También necesitamos discutirlo.